Sábado 20 de enero de 2018

Las cárceles federales alojaron en 2017 a casi 12.000 presos, la máxima cifra histórica


Un total de 11.824 presos permanecían alojados en las cárceles federales de todo el país a fines del 2017, lo que equivale a la máxima cifra histórica y a una superpoblación carcelaria del 6 por ciento, y sólo el 40 por ciento de los detenidos tiene condena firme, según un informe difundido hoy por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

El boletín estadístico se basó en datos recabados entre el 2014 y el tercer trimestre de 2017 que determinaron que la tasa de ocupación carcelaria ha mantenido su tendencia creciente.

Según la PPN, durante los últimos años se dificultó el acceso a información confiable ya que a partir de febrero de 2015 el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dejó de informar en sus registros institucionales la “capacidad real” (cifra referida a la cantidad de plazas disponibles para el alojamiento) y comenzó a indicar sólo la “capacidad general”.

Este cambio significó que sólo se contemplaba el total de plazas en cada establecimiento, incluyendo celdas o pabellones clausurados o inhabilitados, por lo que no se produjo un aumento efectivo en la capacidad de alojamiento, sino que se produjo una modificación del fenómeno contabilizado.

Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2016, el SPF sinceró las cifras relativas a la capacidad de alojamiento efectivamente disponible. 

En el mes de abril de ese año los listados de población volvieron a discriminar entre “capacidad general” y la "real" -es decir aquella en condiciones mínimas de habitabilidad-, bajo la denominación de “capacidad utilizable”. 

Según el informe de la Procuración, la "importante disminución en cuanto al cupo informado que se observó durante el segundo trimestre de 2016 no se explicó a partir de una reducción de la capacidad operativa, sino que fue producto del reconocimiento institucional del problema".

"Al publicar cifras más cercanas a la crisis de alojamiento actual emerge el preocupante dato de que, al menos desde 2017, las cárceles federales están funcionando con sobrepoblación general y creciente", estableció la PPN.

Es que "al finalizar el tercer trimestre de este período se observó que los establecimientos del SPF se encontraban con una tasa de ocupación del 106 por ciento es decir, con un 6 por ciento de sobrepoblación".

Por su parte, con datos obtenidos en base al parte semanal de población del Servicio Penitenciario correspondiente al 29 de septiembre del año pasado, casi el 60 por ciento de los condenados se encontraba con prisión preventiva y el 40 restante sí tenía una condena firme.

En ese sentido, el informe se refirió a que, ante esos problemas estructurales que presenta la vida en prisión, "resulta urgente la aplicación de estrategias que reduzcan el encarcelamiento masivo".

"En esta línea, es especialmente problemático el uso exacerbado de la prisión preventiva y la privación de la libertad de mujeres embarazadas o con hijos en prisión en condiciones de acceder, decisión judicial mediante, a la detención domiciliaria", señaló.
 
En tanto, 436 casos de torturas y malos tratos fueron registrados por la PPN entre el 1 de enero y el 30 septiembre de 2017, de los cuales hubo 159 denuncias penales.
 
El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza registró la mayor frecuencia de casos a nivel histórico y alcanzó el 27,5 por ciento de los episodios registrados durante ese período. 

Por último, la PPN precisó que entre 2009 y 2016 se produjeron 342 muertes de personas detenidas bajo la custodia del SPF y 152 de ellas correspondieron a causas violentas. 

Durante 2016 se registraron 36 muertes, catorce de ellas violentas pero entre enero y octubre de 2017 se produjo la misma cantidad de fallecimientos violentos, lo que representó la mitad de las 30 muertes del período. 

Según la Procuración, entre enero y octubre de 2017 de esos 30 fallecimientos producidos en contexto de encierro, doce se produjeron como consecuencia de ahorcamientos, en principio, autoinfligidos, y nueve de ellos sucedieron en el CPF I de Ezeiza.

Para la PNN, "la caída en desuso del Programa de Prevención de Suicidios, que persiste sólo formalmente, y el progresivo desmantelamiento del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), ambos emplazados dentro de las instalaciones del CPF I de Ezeiza, son indicadores sumamente preocupantes de la estructural desatención a la salud mental de las personas detenidas".

"La estabilidad de los fallecimientos violentos en cifras cercanas o superiores a los veinte casos al año desde 2011 debe ser comprendida como el resultado de la ausencia de estrategias destinadas a modificar o desterrar las prácticas penitenciarias y judiciales que facilitan la producción de muertes en el encierro", concluyó el informe.



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